“La buena intención no basta” art. de Juan Arza publicado en Expansión, 1-7-2019.

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“El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. El refrán describe bien el sentido de muchas medidas intervencionistas que los políticos impulsan con la intención de mejorar la vida de los ciudadanos, pero que acaban por perjudicarlos. En un entorno caracterizado por el cortoplacismo y la emotividad, las políticas públicas sensatas ceden el paso a un reguero de iniciativas de eficacia dudosa. Tal parece ser el caso de la norma aprobada por el Gobierno en vísperas de las elecciones generales, que obliga a las empresas a llevar un registro de la jornada laboral efectiva de sus trabajadores.
La medida pretende evitar los abusos de algunas empresas, que fuerzan a sus trabajadores a alargar su jornada laboral sin la correspondiente retribución de las horas extras. Según el Instituto Nacional de Estadística, 321.000 de los 19 millones de españoles afiliados a la Seguridad Social están en esta situación. Apenas un 1’7% de los trabajadores, concentrados básicamente en la industria manufacturera y en la educación.
Cabe recordar que nuestra legislación ya prohibía anteriormente la realización de horas extras no remuneradas, y que por tanto la única novedad que aporta la norma es la del famoso “registro”. Podemos suponer que las empresas abusadoras optarán por el cumpli-miento: rellenarán los papeles que haga falta, pero seguirán con sus malas prácticas. Para la gran mayoría de las empresas, que sí son respetuosas con los derechos de sus trabajadores, el registro sólo supondrá un engorro, un incremento de costes y una potencial fuente de conflictos.
Como consecuencia de los cambios tecnológicos y culturales, el trabajo en un mismo puesto, un mismo centro de trabajo y con un horario rígido está perdiendo peso en relación a nuevas formas de trabajo. Las empresas recurren cada vez más a una “fuerza de trabajo extendida” formada por subcontratas, freelances, directivos interinos, etc. Y fenómenos como el teletrabajo están adquiriendo una dimensión importante. Todo ello comporta un innegable riesgo de precarización. Pero no se le pueden poner puertas al campo: la única manera de evitar ese riesgo es tener empresas y trabajadores más competitivos, en sectores de más valor añadido y mejores márgenes.
La calidad de la gestión de personas en las empresas no depende tanto de leyes, reglamentos y de la Inspección de Trabajo, como de la salud del negocio y del nivel educativo de sus trabajadores. No se pueden mejorar los salarios y otras condiciones laborales por decreto, creando más burocracia, y extendiendo la desconfianza social sobre los empresarios. Más nos valdría que los políticos se ocuparan de crear un entorno favorable a la empresa y de mejorar nuestro mediocre sistema educativo.

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